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La AP la villa de Madrid declara que no existe competencia infiel por la parte de un empleado cuando no se acredita ni que hubiese vendido por su cuen

La presunción de inocencia como regla de juicio Se presentó demanda por una compañía deduciendo acción de competencia desleal por actos contrarios a la buena fe, omisiones falsas, actos de denigración, violación de secretos, e inducción a la infracción contractual, contenidos en la Ley de Competencia desleal (LCD), pretendiendo la declaración de la deslealtad, la condena a la prohibición de reiteración y también indemnización de daños y perjuicios. La Sala, en su sentencia de 8 de noviembre de 2019, considera, entre otros motivos, que las gestiones efectuadas por un empleado dependiente, durante el tiempo que dure la relación laboral para su primordial, con la finalidad no de lograr operaciones a favor de dicho principal, sino más bien en interés y beneficio propio o bien de un tercero, pero utilizando los medios y servicios dispensados por aquel primordial, puede constituir un acto de competencia desleal por captación ilícita de clientela, del art. cuatro LCD. Pero en el presente caso, de la prueba aportada no puede tenerse una seguridad concluyente de que la demandada efectuase dicho comportamiento, puesto que no se acredita por la demandante que los 2 inmuebles sobre los que se imputa a aquella realizar gestiones de venta extrañas a la empresa, con clientes de ésta, no estuvieran real y materialmente en la cartera a lo largo del tiempo en que se afirman efectuadas dichas gestiones. En lo que se refiere a la revelación de secretos, la Audiencia, siguiendo jurisprudencia afianzada, comprende que el art. trece LCD considera infiel la divulgación o bien explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o bien de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de espionaje o bien procedimiento equivalente o mediante la inducción a la infracción establecido. Entiende la doctrina que se puede comprender como tales el conjunto de informaciones o conocimientos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o bien comercialización de un producto, para la producción o bien prestación de un servicio o para la organización y financiación de una empresa. Además de esto, posteriormente al inicio del litigio presente, se decretó la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que en gran medida recoge la previa doctrina jurisprudencial previamente citada sobre la naturaleza y presupuestos de qué es un secreto empresarial.

Las compañías arrendadoras de automóviles no realizan un "acto de comunicación" al público de obras protegidas, con lo que las entidades de gestión no

¿Qué es un divorcio de mutuo acuerdo y qué es un divorcio contencioso? La sentencia del TJUE soluciona las cuestiones prejudiciales presentadas por Tribunal Supremo de Suecia acerca de si un arrendador de automóviles equipados con receptores de radio es un usuario que realiza una “comunicación al público” en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 o del artículo ocho, apartado 2, de la Directiva 2006/115 sobre el derecho de autor. Los hechos STIM es una entidad de gestión sueca que gestiona los derechos de autor de la música y los artistas, al tiempo que SAMI es la organización sueca que gestiona los derechos conexos de los artistas. Las compañías Fleetmanager Sweden AB ('Fleetmanager') y Nordisk BiluthyrningAB ('NB') son empresas de alquiler de automóviles de motor establecidas en Suecia, que ofrecen, directamente o bien mediante intermediarios, automóviles de alquiler pertrechados con receptores de radio. En el primer tema, STIM pedía una indemnización de más de 34.000 euros a Fleetmanager, por la vulneración de los derechos de autor. En el caso, Stim alegaba que Fleetmanager, al poner a predisposición de terceros, es decir, de las compañías de arrendamiento de automóviles vehículos, vehículos pertrechados con un receptor de radio para arrendamientos de corta duración a clientes particulares, contribuía a la infracción de los derechos de autor cometidas por dichas empresas, las que ponían a disposición del público obras musicales sin contar con una autorización para esto. En el segundo tema, en la disputa entre SAMI y NB, NB solicitaba que se declarase que no tenía la obligación de abonar ninguna remuneración a SAMI debido al empleo de grabaciones sonoras por el hecho de que los automóviles que arrendaba a particulares y empresas estuviesen equipados con un receptor de radio y con un reproductor de CD.

La presunción de inocencia como regla de juicio

La AP la villa de Madrid declara que no existe competencia desleal por la parte de un empleado cuando no se acredita ni que hubiese vendido por su cuenta pisos que estaban en la cartera de la agencia para la que trabajaba, ni se estima que engañase a los interesados en comprar los pisos por el hecho de que estos habrían creído que la agencia con la que habían contactado era la demandante. El art. ciento once de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que «[t]oda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en un juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa›». Del mismo modo que ocurre con el resto de los derechos reconocidos en la indicada Declaración, el término de presunción de inocencia no ha permanecido incólume desde la adopción y proclamación por la Reunión General de la ONU el diez de diciembre de 1948. En particular, la presunción de inocencia es un derecho poliédrico, del que se derivan un haz de garantías de diferente signo, cuyo alcance ha evolucionado con el tiempo. En el contexto actual, se aprecia desde algunos campos doctrinales y, sobre todo, jurisprudenciales, una tendencia a denunciar una supuesta «hiperinflación» de este derecho, que obstaculizaría la persecución de determinados delitos y provocaría, a la postre, la impunidad de algunos de ellos (parra. STS, 2ª, nº 332/2019, de veintisiete de junio). Pero sabemos desde hace mucho que la contraposición de la presunción de inocencia con la impunidad de ciertas conductas delictivas encierra siempre y en toda circunstancia un falso dilema: si se relajan las demandas que encierra aquel derecho, ya no estaremos seguros de condenar a un verdadero culpable. Alén del discute sobre la discutida naturaleza jurídica de la presunción de inocencia (su discutida catalogación como derecho subjetivo o presunción legal, que autores como De la Oliva ponen en tela de juicio) cabe destacar que, a grandes rasgos, es una figura que se desdobla de la próxima manera: como una regla de tratamiento, en tanto que fuerza a los Poderes Públicos a tratar a toda persona tal y como si fuera inocente hasta que, en su caso, recaiga sentencia firme condenatoria; y como regla de juicio lo que, dicho en síntesis, quiere decir que toda condena penal demanda una prueba de cargo lícita y válida en razón de la cual el tribunal consiga la certidumbre de la culpabilidad del acusado.

Las empresas arrendadoras de vehículos no efectúan un "acto de comunicación" al público de obras protegidas, con lo que las entidades de administració

Decía Machado, el versista –no el administrativista– que «solo el necio confunde valor y precio». Lo comento por el hecho de que una de las barreras procesales tan necesaria como curiosa es la cuantía de los pleitos contencioso-administrativos. La sentencia del TJUE soluciona las cuestiones prejudiciales presentadas por Tribunal Supremo de Suecia acerca de si un arrendador de automóviles equipados con receptores de radio es un usuario que efectúa una “comunicación al público” en el sentido del artículo tres, apartado 1, de la Directiva 2001/29 o bien del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 sobre el derecho de autor. Los hechos STIM es una entidad de administración sueca que gestiona los derechos de autor de la música y los artistas, al tiempo que SAMI es la organización sueca que gestiona los derechos conexos de los artistas. Las compañías Fleetmanager Sweden AB ('Fleetmanager') y Nordisk BiluthyrningAB ('NB') son empresas de alquiler de automóviles de motor establecidas en Suecia, que ofrecen, de forma directa o a través de intercesores, automóviles de alquiler pertrechados con receptores de radio. En el primer asunto, STIM pedía una indemnización de más de 34.000 euros a Fleetmanager, por la transgresión de los derechos de autor. En el caso, Stim aducía que Fleetmanager, al poner a predisposición de terceros, esto es, de las empresas de arrendamiento de automóviles automóviles, coches pertrechados con un receptor de radio para arrendamientos de corta duración a clientes del servicio particulares, contribuía a la infracción de los derechos de autor cometidas por dichas empresas, las cuales ponían a la disposición del público obras musicales sin contar con una autorización para esto. En el segundo asunto, en la disputa entre SAMI y NB, NB pedía que se declarara que no estaba obligada a pagar ninguna remuneración a SAMI debido al empleo de grabaciones sonoras por el hecho de que los automóviles que arrendaba a particulares y empresas estuviesen pertrechados con un receptor de radio y con un reproductor de CD.

Determinar si en el orden contencioso-administrativo cabe o no reconocer legitimación para recurrir jurisdiccionalmente

I. Planteamiento Desde hace tiempo, ha venido suscitando un notable debate en el ámbito doctrinal y -en menor medida- también en el judicial la cuestión referida a la posibilidad de reconocer legitimación para recurrir jurisdiccionalmente fallos estimatorios de la pretensión anulatoria de actos administrativos y, más concretamente, de actos administrativos sancionadores. El debate se centra pues, en esencia, en determinar si en el orden contencioso-administrativo cabe o no reconocer legitimación para recurrir jurisdiccionalmente a un sujeto cuya pretensión de fondo ya ha sido acogida, por haber obtenido en la instancia un fallo estimatorio íntegramente anulatorio del acto administrativo sancionador impugnado en el proceso. II. La doctrina tradicional La doctrina tradicional de la Sala Tercera se había venido sustentando sobre la premisa de que lo que constituye el objeto de la impugnación es el fallo de la resolución que se recurre, no su fundamentación y que, por ello, en el recurso se ha de pretender la revocación de la parte dispositiva y no solo de sus argumentos, dado que, en otro caso, el proceso quedaría convertido en un mecanismo de resolución de consultas o de rectificación de declaraciones meramente teóricas, y no de resolución de pretensiones. Así se había venido manifestando el Tribunal Supremo en diversas ocasiones, pudiendo citarse en este sentido, entre otros, los AATS de 16 de julio -EDJ 2018/528546-, 26 de septiembre -EDJ 2018/589881-, 3 de octubre -EDJ 2018/589879- y 2 de noviembre de 2018 -EDJ 2018/645133- (Recursos de Queja 191/2018, 246/2018, 298/2018 y 192/2018, respectivamente).