BinderupBinde
1+ Views

La presunción de inocencia como regla de juicio


El art. ciento once de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que

«[t]oda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en un juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa›».

Del mismo modo que ocurre con el resto de los derechos reconocidos en la indicada Declaración, el término de presunción de inocencia no ha permanecido incólume desde la adopción y proclamación por la Reunión General de la ONU el diez de diciembre de 1948. En particular, la presunción de inocencia es un derecho poliédrico, del que se derivan un haz de garantías de diferente signo, cuyo alcance ha evolucionado con el tiempo.

En el contexto actual, se aprecia desde algunos campos doctrinales y, sobre todo, jurisprudenciales, una tendencia a denunciar una supuesta «hiperinflación» de este derecho, que obstaculizaría la persecución de determinados delitos y provocaría, a la postre, la impunidad de algunos de ellos (parra. STS, 2ª, nº 332/2019, de veintisiete de junio). Pero sabemos desde hace mucho que la contraposición de la presunción de inocencia con la impunidad de ciertas conductas delictivas encierra siempre y en toda circunstancia un falso dilema: si se relajan las demandas que encierra aquel derecho, ya no estaremos seguros de condenar a un verdadero culpable.

Alén del discute sobre la discutida naturaleza jurídica de la presunción de inocencia (su discutida catalogación como derecho subjetivo o presunción legal, que autores como De la Oliva ponen en tela de juicio) cabe destacar que, a grandes rasgos, es una figura que se desdobla de la próxima manera: como una regla de tratamiento, en tanto que fuerza a los Poderes Públicos a tratar a toda persona tal y como si fuera inocente hasta que, en su caso, recaiga sentencia firme condenatoria; y como regla de juicio lo que, dicho en síntesis, quiere decir que toda condena penal demanda una prueba de cargo lícita y válida en razón de la cual el tribunal consiga la certidumbre de la culpabilidad del acusado.

En relación, precisamente, con la presunción de inocencia como regla del juicio, creo de interés hacer una serie de reflexiones sobre una posición jurisprudencial asentada desde hace unos años, que estimo que debería ser objeto de una revisión crítica.



El principio in dubio pro preso


Es conocido que el Tribunal Supremo (vid. STS, 2ª, n.º 459/2018, de diez de octubre), modificando su anterior jurisprudencia, entiende que el principio in dubio pro reo es parte del derecho a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia supondría la demanda inevitable de concurrencia de prueba de cargo lícita y válida suficiente para dotar de certeza a la tesis acusatoria. Por su parte, el principio in dubio pro preso actuaría en un momento siguiente del estadio de la valoración probatoria, una vez superado por la acusación el umbral de la presunción de inocencia del acusado. De alguna forma, la presunción de inocencia haría referencia a la existencia de prueba de cargo objetivamente convincente, al paso que el adagio in dubio pro preso se aplicaría a aquellos casos en los que el tribunal, pese a existir esa prueba de cargo objetivamente suficiente para fundar una condena desde la perspectiva de la presunción de inocencia, albergara alguna duda subjetiva sobre la culpabilidad del acusado. En esos casos, se entiende por nuestra jurisprudencia que, si el tribunal mantiene sus dudas y su “falta de convicción”, debe, en cualquier caso, exculpar al acusado. Y si a pesar de ello le condena y hay perseverancia en la sentencia de esas dubitaciones, la resolución he de ser revocada o bien casada en vía de recurso.

De forma adicional a los requisitos de prueba de cargo objetiva y convicción subjetiva, la jurisprudencia de la Sala Segunda añade un tercer elemento: que entre el presupuesto y la convicción exista objetivamente un «enlace de racionalidad y lógica».



La «íntima convicción» a examen


A mi juicio, esta construcción jurisprudencial no es satisfactoria. Supone, de alguna manera, el regreso de la superchería de la íntima convicción del tribunal que, frente a la objetividad de las pruebas practicadas en el plenario, haría predominar un pálpito metajurídico sobre la inocencia del acusado. Si pese a haberse practicado prueba de cargo válida y suficiente el tribunal alberga dudas sobre la culpabilidad debe exculpar al acusado, pero razonando motivadamente por qué razón el cuadro probativo no le semeja objetivamente suficiente.

Dicho con otras palabras, si a despecho de lo que sostenían los tribunales españoles hace ya ciertas décadas (aún en la STS, 2ª, núm. 731/2003, de 31 octubre, puede leerse que «[l]a valoración de la prueba conformemente con conciencia, como ha declarado la jurisprudencia, supone su apreciación sin sujeción a tasa, pauta o regla de ninguna clase»), nos parece inconcebible que pueda condenarse a una persona con base en la exclusiva convicción íntima del juzgador, sin que se desgrane una valoración probatoria detallada de la prueba de cargo -que ha de ser válida y (objetivamente) suficiente-, también nos lo debería parecer la posibilidad de que, concurriendo prueba de cargo suficiente para alcanzar la certeza objetiva de la culpabilidad, el tribunal acabe exculpando al acusado apelando a una corazonada. Deberá, si es el caso, plantearse el tribunal en ese momento que, o no está extrayendo las conclusiones razonables -y racionales- del resultado de los medios de prueba practicados en el plenario (con lo que sus dudas subjetivas se desvanecerían) o bien, alternativamente, reflexionar sobre si sus dudas subjetivas están o bien no verdaderamente asentadas en datos objetivos. En cuyo caso, y de ser la respuesta afirmativa, la absolución no vendrá determinada por la intime conviction del juez, sino por la ausencia de una prueba de cargo objetiva -y también intersubjetivamente- admisible.

En definitiva, toda resolución del juzgador -así sea absolutoria o bien condenatoria- debería poder ser explicable y explicada al «auditorio universal razonable» (por decirlo con Perelman), sin que sean admisibles remisiones a convicciones morales que no puedan ser enunciadas razonadamente y motivadas en debida forma. El sintagma «duda razonable» (contenido en el estándar anglosajón que ha hecho fortuna, beyond a reasonable doubt) , como límite que hay que franquear para enervar la presunción de inocencia, he de ser interpretado en el sentido de que el adjetivo «razonable» se predica de la duda (no de los sujetos que eventualmente vacilan) y que -como apunta Igartua Salaverría- lo lógico no se presume, sino debe ser justificado y expresado a través de la motivación.

Si el paso inicial hacia una racionalización de la valoración probatoria ya se ha dado desde hace años (desterrando condenas basadas únicamente en la convicción íntima del juez, al lado de todo análisis racional del cuadro probatorio), el segundo está aún pendiente de darse. Pese al interés provocado puntualmente en la doctrina de España en los últimos años (de la mano de la recepción patria del pensamiento de Taruffo o Ferrajoli), prosigue siendo llamativo que un aspecto tan definitivo de la función jurisdiccional -cómo tiene que valorarse la prueba y su desempeño epistemológico- apenas despierte interés dogmático.

No es ajena a la actual situación la sumamente cuestionable supravaloración de la inmediación judicial, como ha denunciado agudamente entre nosotros Perfecto Andrés Ibañez. Se acepta como una verdad inapelable que solo el tribunal frente al que se practicaron las pruebas estaría capacitado para, aplicando el principio in dubio pro reo, absolver al acusado. Sinceramente, no veo por qué razón, desde un punto de vista estrictamente epistemológico, el tribunal de apelación, o en su caso, de casación, no estarían en exactamente la misma disposición «de dudar» que el órgano de instancia. La justificación de que las absoluciones basadas en el principio in dubio pro preso vendrían sustentadas en el contacto directo con los medios de prueba personales y, en especial, por la percepción de primera mano de los gestos, tono de voz, etcétera, de los declarantes en el plenario se ha demostrado epistemológicamente errada. Se ha acreditado hasta la saciedad, por medio de la denominada psicología del testimonio, que los jueces y jurados no tienen una singular habilidad en el momento de interpretar apropiadamente el lenguaje gesticular de los declarantes (De Cataldo Neuburguer, Esame e controesame nel processo penale. Diritto e psicología, Cedam, Padova, dos mil). Interpretación que, todo sea dicho, no es en modo alguno fácil ni unívoca, ni siquiera para los verdaderos especialistas en la materia, con lo que no deja de asombrar que, en datas recientes, la STS, 2ª, de cuatro de julio de 2019, afirmara que el «mecanismo del lenguaje gestual» opera -en lo que a su adecuada aprehensión por la parte del órgano enjuiciador se refiere- «de forma sencilla».

Sin que sea ocioso apuntar que, desde el punto de vista epistémico, la valoración de la prueba sin proximidad presenta también algunas ventajas no desdeñables. Lejos de la tensión sensible del juicio -del que, no lo olvidemos, el juez también forma parte, aunque sea como tercero en discordia- un examen apacible y desprendido de todo componente emocional del resultado de la práctica de la prueba, convenientemente documentado en los autos, puede favorecer un análisis desprejuiciado del material probatorio. De ninguna forma pretenden estas líneas plantear un modelo de juicio penal desprovisto del principio de proximidad, mas sí enfatizar que tienden a sobrestimarse sus virtudes epistémicas. Y, de forma correlativa, a limitarse de manera injustificada la cognición de los tribunales llamadas a revisar las resoluciones judiciales.



A modo conclusivo


Vincular convicción subjetiva con inmediación me semeja un error, agravado por la incorrecta afirmación de que el convencimiento íntimo no sería potencialmente explicable por los jueces a través de sus sentencias, lo que supone una regresión irracionalista en la valoración probatoria. En último término, toda duda razonable -si es que en verdad es tal- sobre la culpabilidad del acusado debería tener su pertinente asiento objetivo. Esas dudas subjetivas -para ser admisibles- deben poder ser valoradas racionalmente, de forma que la artificiosa disociación entre la duda objetiva y la subjetiva -en la actualidad, moneda corriente en la jurisprudencia del TS- se desvanece. Asimismo, como corolario de lo precedente, se difumina conceptualmente la diferencia -desconocida, no por casualidad, en jurisdicciones procesalmente similares como la italiana o bien la alemana- entre el in dubio pro reo y el derecho a la presunción de inocencia.

En definitiva, el derecho a la presunción de inocencia -cuya vigencia y necesidad nadie discute seriamente hoy en día- demanda examinar sus matices detenidamente, sin olvidar que, como hijo de la Ilustración, he de ser aplicado e interpretado racionalmente.

Creo que no es excesivo mantener que, en nuestros días, persiste aún en la jurisprudencia de España una cierta aproximación en clave hipersubjetiva al acervo probatorio cuando de aplicar el principio in dubio pro preso se trata. Convendría que nuestros tribunales fuesen conscientes del peligro decisionista que encierra remitirse a juicios personales aparentemente inaprensibles para terceros, a la hora de justificar una determinada resolución judicial. Aunque sea exculpatoria.
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent