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La AP la villa de Madrid declara que no existe competencia infiel por la parte de un empleado cuando no se acredita ni que hubiese vendido por su cuen


Se presentó demanda por una compañía deduciendo acción de competencia desleal por actos contrarios a la buena fe, omisiones falsas, actos de denigración, violación de secretos, e inducción a la infracción contractual, contenidos en la Ley de Competencia desleal (LCD), pretendiendo la declaración de la deslealtad, la condena a la prohibición de reiteración y también indemnización de daños y perjuicios.


La Sala, en su sentencia de 8 de noviembre de 2019, considera, entre otros motivos, que las gestiones efectuadas por un empleado dependiente, durante el tiempo que dure la relación laboral para su primordial, con la finalidad no de lograr operaciones a favor de dicho principal, sino más bien en interés y beneficio propio o bien de un tercero, pero utilizando los medios y servicios dispensados por aquel primordial, puede constituir un acto de competencia desleal por captación ilícita de clientela, del art. cuatro LCD. Pero en el presente caso, de la prueba aportada no puede tenerse una seguridad concluyente de que la demandada efectuase dicho comportamiento, puesto que no se acredita por la demandante que los 2 inmuebles sobre los que se imputa a aquella realizar gestiones de venta extrañas a la empresa, con clientes de ésta, no estuvieran real y materialmente en la cartera a lo largo del tiempo en que se afirman efectuadas dichas gestiones.

En lo que se refiere a la revelación de secretos, la Audiencia, siguiendo jurisprudencia afianzada, comprende que el art. trece LCD considera infiel la divulgación o bien explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o bien de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de espionaje o bien procedimiento equivalente o mediante la inducción a la infracción establecido.

Entiende la doctrina que se puede comprender como tales el conjunto de informaciones o conocimientos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o bien comercialización de un producto, para la producción o bien prestación de un servicio o para la organización y financiación de una empresa.

Además de esto, posteriormente al inicio del litigio presente, se decretó la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que en gran medida recoge la previa doctrina jurisprudencial previamente citada sobre la naturaleza y presupuestos de qué es un secreto empresarial.

Y en el presente caso no pueden reconocerse dichas peculiaridades en las direcciones o bien números de teléfono de las personas que directamente se relacionaban con la demandante, con motivo de su tarea comercial, con lo que no cabe la aplicación del art. trece LCD, al no existir secreto empresarial alguno implicado en los hechos.
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